Entrevista a Santiago Niño Becerra

A modo de autocrítica, los economistas, suelen afirmar que sus estudios les sirven más bien para predecir el pasado. Sin embargo, usted en su libro El crash del 2010, publicado en 2009, se anticipó a la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria. ¿Cuál es ahora su pronóstico sobre el problema de la vivienda? ¿Estamos entrando en otra tormenta perfecta, podemos esquivarla?

Pienso que hoy la situación nada tiene que ver con la del 2000-2007. Entonces se daba una situación financiera de crash donde el vehículo empezó siendo la vivienda. Hoy el problema es de oferta insuficiente y de falta de medios legales y financieros para aumentarla. Y no se puede esquivar porque ya se ha llegado a ella.

Vamos por partes. Según el refranero, del dicho al hecho hay un gran trecho. La Constitución española proclama que la vivienda es un derecho.

La Constitución puede decir lo que sea, pero un fajo de papeles entiendo que no puede resolver la falta de oferta de vivienda, ni aportar los medios para resolverla, ni eliminar las derivaciones no deseadas del asunto.

Para la mayor parte de la población y de las clases medias el derecho a la vivienda parece estar muy lejos de ser una realidad. De cara al inmediato futuro, comentan los analistas que entre las nuevas adquisiciones de viviendas no predominan precisamente los créditos hipotecarios sino más bien las compras al contado. ¿Se puede revertir esta dinámica perversa y alejar al capital especulativo?

En el Sistema Capitalista, en el que nos encontramos, sólo movilizando fondos para aumentar la oferta. Si se optan por otras herramientas, como la expropiación del uso de las viviendas vacías apuntado por la Sra. Irene Montero, entonces se entraría en otra dinámica. La cuestión es si se desea ir por ese lado.

¿La solución podría consistir en un fuerte aumento del parque de viviendas disponibles, mediante la construcción de barrios enteros en el extrarradio de las grandes ciudades e incluso de pequeñas ciudades nuevas?

En España, según números recientes del Banco de España, harían falta ya 700.000 viviendas. Aun disponiendo de los fondos necesarios se tardaría al menos una década en completarlas, y el problema iría creciendo porque cada año la demanda aumenta. Si los políticos desean acelerar los plazos, pienso que sería necesaria una intervención en las viviendas vacías y en instalaciones públicas no utilizadas.

Hay, pues, una enorme fractura entre los propietarios de una vivienda (o un alquiler que no les suponga una cantidad exagerada de su renta) y los que no tienen tanta suerte y están obligados a malvivir hacinados en pocos metros cuadrados. Parece que tener un salario o disponer de las rentas típicas de clase media —o al menos de la clase media baja— ya no supone una garantía para poder adquirir este bien esencial…

En realidad, esa división siempre ha existido. Entre el 2000 y el 2007 quedó camuflada porque las instituciones financieras concedían una hipoteca por el 100% del valor de la vivienda prácticamente a cualquiera que la pidiera.

Otra división social que se está acentuando es la de los jóvenes subempleados versus la población mayor, que algunos insinúan está “sobreprotegida” frente a este grupo de edad. ¿Qué opina al respecto?

La población jubilada y pensionista no está sobreprotegida ya que mientras estuvo activa le hicieron jugar a un juego: el de las cotizaciones sociales que tenía como final la pensión que ahora están percibiendo. No exactamente del mismo modo, pero con la sanidad y la educación públicas está sucediendo algo parecido. El modelo de protección social tal y como lo conocemos fue puesto en marcha tras la II GM a partir del informe de William Beveridge “Report of the Inter-Departamental Comettee on Social Insurance and Allied Services” (1942). Pero Beveridge elaboró un segundo informe en 1944 del que casi nunca suele hablarse: “Full Employment in Free Society”. En él decía que un sistema completo de Seguridad Social tan sólo es posible –posible: sostenible, financiable–, en una situación de pleno empleo del factor trabajo, algo que ahora ya no se da; es decir, el sistema de protección social que conocemos no es sostenible.

El nuevo sector social del precariado surge de una clase media más o menos acomodada hasta hace poco. Parece ser la gran perdedora en el proceso económico del capitalismo actual: algunas veces usted ha afirmado que “ya no es necesaria para el sistema”. ¿Entonces, la acumulación del beneficio y el poder económico en una ínfima minoría en perjuicio de la inmensa mayoría es inevitable?

Sí, en el modo de producción y en el consumo. Hasta los años 80, pero sobre todo hasta la llegada del Covid 19, el objetivo de las grandes empresas era aumentar la producción y para ello aumentaban la productividad lo que les permitía reducir costes y bajar precios a fin de captar más demanda; pero eso ya no es así. Hoy el objetivo es maximizar el margen neto, lo que implica definir una población objetivo y dirigir a ella la oferta. La productividad se aumenta y los costes se reducen, pero la oferta se disminuye y se aumentan los precios óptimos que esa población objetivo estará dispuesta a pagar. El sector del automóvil es un claro ejemplo.

Hay otro colectivo que suele quedar marginado en la polémica sobre el reparto de rentas: el de los inmigrantes. Una parte de la opinión pública les señala también como posibles causas de la crisis de la vivienda, ¿es parecida ahora su incidencia en el mercado de compra como en la crisis de las hipotecas subprime?

No. El trasfondo de aquello era financiero: sobraba dinero y la vivienda era un muy bien camino parta generar rendimientos. Los inmigrantes simplemente suponen más demanda, o real o potencial.

Parece que esta derivación social del problema enlaza directamente con la debilidad de base de la economía española, en gran parte basada en empleos de escaso valor añadido. ¿Cómo se puede cambiar el modelo sin causar demasiados estragos en la economía y en una parte muy considerable de la población?

No se puede. España lleva inmersa desde el S. XVI en un modo de hacer que no incentiva la productividad: A finales del S. XVI era más barato importar una serie de bienes que fabricarlos en España; luego España quedó al margen de la Revolución Industrial a pesar de haber podido estar a su cabeza porque disponía de plata. Luego, en el S. XIX, cuando Francia, Bélgica, Prusia… desarrollaban una industria en expansión España seguía sumida en una economía señorial de base agraria con una estructura propia del Antiguo Régimen, políticamente rota: en el S. XIX en España se produjeron diez golpes de Estado, o intentos, o guerras civiles. Y llegó a S. XX sin base económica y organizativa alguna. En mi opinión la estructura económica de España es incambiable porque el momento en que España pudo cambiarla ya pertenece al pasado, y esos trenes pasan sólo una vez.

Para completar el panorama el Estado, motor principal de la economía, ahora nos indica que estamos obligados a gastar más en defensa. ¿Cómo puede incidir este nuevo factor en una política económica sostenible?

Partimos de la base de que el fraude y la elusión fiscal muy poco van a disminuir, porque parece ser que no es políticamente correcto enfocar ese punto. Por lo que los ingresos fiscales poco van a crecer. Por ello, si se tiene que aumentar el gasto en armamento –¿defensa?– o bien se deja de gastar en otras cosas o se emite deuda…

Redacción Barcelona