El agua, ¿un derecho o una mercancía? Diez años de la Guerra del Agua
abril 5, 2010Eloi Badia Casas
Formación de Ingeniero Industrial y cooperante y activista en el problema de los recursos hídricos. Trabaja como técnico en la campaña “Agua de todos, un derecho y no una mercancía” de la ONG Ingeniería sin Fronteras (acción articulada en la esfera internacional, con la Reclaiming Públic Water, la Red Vida i la Global Water Operators Partnerschip Alliance de UN Habitat, entre otras). Ha participado en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y en la coordinación del Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de la Expo de Zaragoza.
Formación de Ingeniero Industrial y cooperante y activista en el problema de los recursos hídricos. Trabaja como técnico en la campaña “Agua de todos, un derecho y no una mercancía” de la ONG Ingeniería sin Fronteras (acción articulada en la esfera internacional, con la Reclaiming Públic Water, la Red Vida i la Global Water Operators Partnerschip Alliance de UN Habitat, entre otras). Ha participado en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y en la coordinación del Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de la Expo de Zaragoza.
En el 2002, Naciones Unidas hace una reinterpretación del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la que explicita que el agua debe ser considerada un derecho humano, pues, este recurso es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la satisfacción de otros derechos humanos.
El reclamo del agua como derecho humano ha estado presente en la mayoría de movilizaciones de la sociedad civil que configuran el movimiento global por la justicia del agua. Un reclamo que hemos escuchado en las calles de Cochabamba (Bolivia) durante la Guerra del Agua, en Buenos Aires (Argentina) ante la concesión de AgBar, en Montevideo (Uruguay) en el referéndum popular, o en Ganha y Malawi durante los procesos de privatización, entre muchas otras ocasiones.
Aún así, todas estas manifestaciones de la sociedad civil, así como la creación de plataformas para la defensa del agua y la vida, hacen pensar que la realidad no responde a la concepción de Naciones Unidas, ni al sentido común, sino que actualmente el agua se encuentra amenazada. Así, éstas se basan en la concepción del agua como un bien económico y, por tanto, en su incorporación al mercado. Esta mercantilització creciente del recurso ha hecho que hoy en día el negocio del agua constituya la tercera gran economía global después del petróleo y la electricidad.
Un nuevo mercado, que necesita la liberalización de los servicios públicos y que encuentra en el “Acuerdo General de Comercio de Servicios”, de la Organización Mundial del Comercio y, en Europa, en la Directiva Bolkestein, el marco político necesario para crecer. Debemos tener en cuenta, que estas políticas neoliberales acaban constituyendo mercados cautivadores. Entre estos, el agua gestionada mediante concesiones a treinta años o más, atentando directamente a la buena gobernabilidad del recurso, desregularizando el estado y cambiando una posible participación democrática en una gestión del agua basada en pactos electorales con el partido de turno.
También podríamos pensar que estas políticas entran en contradicción con los Objetivos del Milenio, acuerdos de la comunidad internacional encaminados a reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento adecuados para el 2015.
Pero, una vez más, nos encontramos bajo grandes marcos ideológicos de Naciones Unidas que difieren de las políticas mercantiles reales. Así, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los principales actores del entramado. Una de estas políticas es el programa de reducción de deuda HIPC (Heavily Indebted Poor Coutnries), impulsado por el FMI, dónde se exige la venta de los operadores públicos o cambios de leyes para liberalizar el sector. El BM tampoco se queda atrás y en el 2002 ya condicionó más del 80% de sus créditos en el sector del agua a alguna forma de privatización.
Por lo tanto, nos encontramos con políticas y organismos multilaterales públicos que responden únicamente a los intereses del sector privado, olvidándose que el agua es un bien común y es indispensable para la vida y para el desarrollo humano. El problema entonces, no es la carencia de conocimiento, sino la falta de voluntad política. El reto hoy, sigue siendo construir colectivamente esta voluntad política. Es derecho de la ciudadanía reclamar una gestión pública, transparente y participativa de este bien común.
