Gestión de la liquidez para las pymes en un contexto de crisis

La empresa española en un contexto de restricciones de liquidez

1. Introducción

Este capítulo presenta la realidad de las empresas españolas, centrándose en la escala de las mismas, su demografía y vinculaciones con la del empleo y sus mecanismos de financiación. Las deficiencias que se observan en estos elementos clave del tejido empresarial español son «causa eficiente» del reducido tamaño de sus unidades productivas. La combinación de una escala insuficiente y una excesiva dependencia de la financiación bancaria y el giro comercial está determinando que la crisis, con la severa restricción de demanda de bienes y servicios y oferta de crédito que la caracteriza, esté dejando sin alternativas de demanda y financiación a nuestras empresas, que no tienen margen para desarrollar vías de competitividad (innovación, mercados exteriores) ni de acceso al capital (mercados alternativos, capital o deuda privadas, etc.),que sustituyan a las que hasta el inicio de la crisis alimentaban su actividad. Por otra parte, el avance de la morosidad en el circuito de efectos comerciales de las empresas está llevando a muchas de ellas de la falta de liquidez a la insolvencia, sin que hayan surgido por ahora alternativas amplias de compensación de deuda comercial entre empresas, administraciones e, incluso, hogares, capaces de eliminar una buena parte de la carga muerta que les afecta a todos.

2. La escala de las empresas españolas

El tejido empresarial español, como el de cualquier economía, se caracteriza por la absoluta predominancia de empresas sin asalariados (autónomos incorporados como sociedades mercantiles) y micro y pequeñas empresas con menos de diez trabajadores. El 95% de las sociedades existentes a finales de 2011, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, encajaba en una de estas categorías.

A su vez, las compañías con menos de diez asalariados (excluidas las que carecen de ellos), poseen una estructura de capital débil basada en aportaciones personales o del círculo familiar del empresario, y una operativa de financiación muy dependiente de los flujos de caja, el juego de los períodos de cobro de clientes y pago a proveedores y, en caso de desfases, el descuento bancario de efectos comerciales o el recurso a líneas de crédito también bancarias. Su acceso a los mercados de capitales organizados (bursátiles) o a fuentes de capital privado o capital riesgo, deuda no bancaria, etc., es prácticamente nulo.

El balance de este tipo de empresas es, por lo general, de tamaño reducido en proporción a la cifra de negocio, con un activo escasamente diversificado y un pasivo en el que coexisten los fondos propios fundacionales con deuda a corto y medio plazo, generalmente bancaria. La ausencia de inversiones destacables en las empresas de este tipo conlleva también la ausencia de accionistas ajenos al círculo personal del empresario, de prestamistas no bancarios, obligacionistas, etc.

Como puede verse en el cuadro 2.1, las empresas españolas presentan una distribución fuertemente sesgada hacia los tamaños más reducidos. De los 3,2 millones de sociedades existentes a 31 de diciembre de 2011 (DIRCE a 1 de enero de 2012), 1,76 millones carecían de asalariados, si bien, obviamente, estaban lideradas, en su mayoría, por trabajadores autónomos. Las empresas con menos de diez asalariados sumaban otros 1,3 millones y encuadraban a 3,45 millones de asalariados, alcanzando una escala media de 2,7 asalariados por empresa. Es decir, que el 40,3% del total de sociedades existentes encuadran solamente al 22,5% del empleo asalariado, mientras que las empresas con 200 o más asalariados, siendo tan solo el 0,15% del total, emplean al 47,8% de los asalariados. Las empresas con 5.000 o más trabajadores, 105 empresas o un insignificante 0,003% del total, con una media de 28.622 asalariados por empresa, dan ocupación a tres millones de asalariados.

Cuadro 2.1 Características del tejido empresarial español
(a 31 de diciembre de 2011 o IVTR2011)

No debe pensarse que la estructura empresarial presente en la economía española es muy diferente de la que se encuentra en otras economías, incluso las más avanzadas. En realidad, es bastante común observar la predominancia absoluta de las micro y pequeñas empresas en cualquier país. La diferencia radica en la relativamente mayor presencia de empresas de tamaño medio (entre 200 y 500 trabajadores), en las que se concentra buena parte de la capacidad competitiva de las cadenas de valor de una industria cualquiera.

Repárese en que, en el caso español, estas empresas, poco más de 3.000, representan el 0,1% del total y encuadran al 7,6% del empleo. Si una serie de operaciones de fusión entre sociedades de menor tamaño lograse aumentar la cifra de esta categoría, los efectos sobre la innovación y el I+D, las exportaciones, la dinamización de las cadenas de suministro, la productividad y la competitividad, en suma, serían muy notables.

En las condiciones actuales del tejido empresarial español, la crisis repercute en el mismo de manera especialmente dura. Al tratarse de una crisis financiera, es decir, caracterizada por una restricción de crédito y «desapalancamiento», las empresas excesivamente dependientes de la financiación bancaria o del giro de circulante para sus operaciones ordinarias (excluyendo la financiación de proyectos de inversión, ampliacio-nes de capacidad u operaciones corporativas) se encuentran gravemente limitadas. La restricción de crédito y la imposibilidad de hacer fluir el descuento comercial está suponiendo para muchas empresas el paso del área de problemas de liquidez al del de problemas de solvencia y, en muchos casos, su quiebra. El siguiente epígrafe aborda precisamente la cuestión de la dinámica empresarial a lo largo de la crisis.

3. Incidencia de la crisis en la demografía empresarial

Hay dos fuentes básicas para analizar los movimientos que registra el censo de empresas: el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) y sus estadísticas derivadas, los movimientos del DIRCE y la Demografía Armonizada de Empresas, y la estadística de Afiliación de Empresas a la Seguridad Social. Ambas fuentes son de naturaleza censal y administrativa, por lo que son muy exhaustivas aunque, a diferencia de las fuentes muestrales, contemplan escasas características de las empresas censadas. Aun así, el detalle existente permite hacerse una idea muy clara de la incidencia de la crisis en la demografía empresarial.

En el cuadro 2.2 puede apreciarse la dinámica de las empresas inscritas en la Seguridad Social1 en el período 2003-2011, a diciembre de cada año. El número de empresas inscritas se sitúa ya en los niveles de 2003, después de haber alcanzado un máximo en 2007, justo antes de la crisis, pero la dinámica de altas y bajas muestra importantes transiciones de estos flujos. El saldo entre ambos, creciente hasta 2005, venía disminuyendo ya desde ese año para representar en 2007 casi la cuarta parte del de dos años antes, fundamentalmente a causa del fuerte aumento de las bajas de empresas.

Cuadro 2.2 Movimiento de empresas afiliadas a la Seguridad Social.
Diciembre de cada año (miles) (*)

Entre los años de la crisis, por otra parte, el saldo de altas y bajas se ha mostrado claramente negativo, pero su máximo valor negativo se alcanzó en 2008, recrudeciéndose nuevamente en 2011, y en especial a causa de un aumento de las bajas. Los flujos de entrada y salida de empresas son muy importantes y se han invertido sus dinámicas, como cabía esperar, con el paso a la crisis. Pero son todavía más importantes las variaciones registradas entre las empresas que, año a año, mantienen sus cuentas de cotización en la Seguridad Social. Estas sociedades se mantienen en el sistema de cotización pero casi la mitad registran cambios, al alza o a la baja, en su plantilla. El número de entidades supervivientes que aumentan o disminuyen su plantilla sufre modificaciones muy relevantes a lo largo de la crisis, y se concentran en los años centrales del período analizado.

Cada uno de estos flujos anuales de altas, bajas o empresas que se mantienen ajustando su plantilla en el curso del año, presentan intensidades medias de empleo, que se han mantenido relativamente estables entre 2002 y 2011, como puede apreciarse en el cuadro 2.3. Estas intensidades se hacen algo mayores en las empresas que ajustan la plantilla que en las que aparecen o desaparecen del sistema de cotización, pero esto es natural dada la mayor supervivencia de empresas de más tamaño y la escasa escala de las que nacen y mueren.

Cuadro 2.3 Número medio de trabajadores implicados en la dinámica de empresas inscritas en la Seguridad Social

Los indicadores de intensidad de empleo de los ajustes a la baja de las plantillas en el período 2003-2007 no acaban de sustanciar la acusación que se hace a menudo a las empresas de que aprovechan las crisis para ajustar las plantillas. En 2009 y 2010, por ejemplo, la intensidad media de las reducciones de plantillas fue de cuatro y 3,7 efectivos por empresa, respectivamente, si bien los ajustes en 2008 y 2011 han sido más intensos.

Tras esta primera mirada a las implicaciones de empleo de la dinámica de empresas, conviene ahora fijarse en los flujos de afiliados asociados a esta dinámica, como se hace en el cuadro 2.4. En él se aprecia que los ajustes de plantillas tienen una entidad algo más relevante que la creación o destrucción de empleo asociado a la natalidad y mortalidad empresarial, pero que todos los movimientos de empresas en el sistema contribuyen al resultado tan negativo que presenta en la actualidad el mercado de trabajo. Las empresas que se crean ex novo o que aumentan plantilla aportan sensiblemente menos efectivos al sistema de cotización que antes de la crisis, mientras que las que mueren o ajustan sus plantillas también detraen sensiblemente más que antes. Puesto que la intensidad media (por empresa) de estos movimientos no ha cambiado mucho, hay que concluir que han sido los flujos de sociedades los que han arrastrado a los flujos de trabajadores, más que los cambios en los comportamientos de la empresa a la hora de determinar ajustes mucho más amplios que en el pasado.

Cuadro 2.4 Trabajadores implicados en la dinámica de empresas inscritas en la Seguridad Social (miles)

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social.

Así, de los 1,4 millones de efectivos que incorporaban al sistema de cotización las empresas que ampliaban plantilla en 2005-2006, se ha pasado a los apenas 800.000 resultantes de este tipo de procesos en 2011, mientras que los 800.000 efectivos expulsados del sistema por la reducción de plantillas en aquellos mismos años, se ha pasado al millón largo de efectivos en 2011. También resultan significativas, aunque de menor entidad absoluta, las diferencias observadas a lo largo del período en los efectivos asociados a las altas y bajas empresariales.

Otra visión estrechamente asociada a la dinámica empresarial durante la crisis es la que muestra la estadística de la Demografía Armonizada de Empresas. En esta ocasión la perspectiva es la de la supervivencia en el tiempo de las generaciones de empresas nacidas en un año cualquiera. Los datos disponibles, recientemente librados por el INE, abarcan un ciclo breve y no se adentran suficientemente en la crisis, pero son ilustrativos de las dificultades para consolidarse que están encontrando las empresas nacidas en los últimos ocho años.

El cuadro 2.5 muestra la evolución de la probabilidad de supervivencia de empresas nacidas entre 2004 y 2009 desde el año de nacimiento hasta 2009. La lectura de dicho cuadro muestra claramente que la probabilidad de supervivencia de las corporaciones españolas, al año de su nacimiento, era mayor en 2004-2005 que en 2007-2008, apenas iniciada la crisis, pero en una clara señal de que el clima de los negocios se venía enrareciendo en esos años previos, como se ha constatado mediante otros indicadores. Concretamente, una empresa nacida en 2004 o 2005 esperaría sobrevivir a su primer año con un 85% de probabilidades, mientras que una empresa nacida en 2008 tendría una probabilidad del 79,2% de superar su primer año, casi seis puntos porcentuales menos.

Los datos de esta fuente estadística son, desgraciadamente, incapaces de mostrarnos cómo se hubieran comportado estas probabilidades de supervivencia más allá de 2008, y no es inmediato inferir una tendencia para este indicador, ya que la evidente estabilidad de la probabilidad de supervivencia al primer año entre 2007 y 2008 viene de la mano de un drástica reducción del número de empresas nacidas en 2008, que se ha profundizado ligeramente en 2009. Las extremas dificultades de financiación y clima de negocio que se han constatado desde el inicio de la crisis han impuesto una selección casi darwiniana al nacimiento de empresas cuyas probabilidades de supervivencia serían, de todas formas, limitadas. Ello podría motivar esta estabilización de la probabilidad de supervivencia, ya que nacerían solo empresas con más capacidad de supervivencia pero a costa de un número mucho menor de nacimientos empresariales.

La mirada a la supervivencia en el segundo y sucesivos años tiene un campo todavía más limitado por la naturaleza de los datos disponibles, pero es incluso más elocuente que la anterior. Es decir, para una empresa nacida en 2004, la probabilidad de supervivencia al segundo año, que era del 75,3% en 2006 (interpretando correctamente el tercer dato de la primera columna), ya era del 64,5 en 2009 para una empresa nacida esos dos años antes, en 2007, más de diez puntos porcentuales de diferencia. Y así, sucesivamente.

El vertiginoso descenso de las probabilidades de supervivencia a los dos, tres o cuatro años a medida que las empresas se acercan a 2009, de unos cuatro puntos porcentuales al año, indica que las probabilidades de supervivencia a los cinco años se habrán reducido sensiblemente para las empresas nacidas más cerca del año de inicio de la crisis que para las que nacieron antes. De todas formas, una empresa nacida en 2004 tenía a los cinco años una probabilidad de supervivencia inferior al 50%.

Cuadro 2.5 Supervivencia de empresas nacidas entre 2004 y 2009

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

Las dificultades financieras, sin lugar a dudas, junto a la insuficiencia de demanda de bienes y servicios, se encuentran en el origen de este desfavorable movimiento de la demografía empresarial constatable a través de las probabilidades de supervivencia, al menos en los primeros años de la crisis. Esta combinación es explosiva, pero así como una empresa puede sobrevivir si la demanda de bienes o servicios que afronta se reduce, incluso de manera significativa, reduciendo márgenes, plantilla y otros costes, una empresa tiene muy complicada su supervivencia si se le cierran los canales de capital, deuda o crédito.

4. La financiación empresarial

Como se decía con anterioridad, la empresa española es muy dependiente de la financiación bancaria a través de líneas de crédito, si bien las otras grandes fuentes de financiación son el giro comercial o descuento y la emisión de pagarés contra sus proveedores o clientes, respectivamente. Estas formas de financiación se dirigen principalmente a la financiación del circulante y excluyen el capital o la deuda, por lo general orientados hacia la financiación de ampliación de capacidad u operaciones corporativas. Pero, tal y como analizaba al principio de este capítulo, la inmensa mayoría de las empresas españolas poseen una escala que determina que la financiación que puedan necesitar es fundamentalmente de la primera categoría. Justamente, en esta característica radica la escasez de los canales de capital o deuda propiamente dichos a disposición de la pequeña empresa en nuestro país.

Precisamente por la extensión de estos mecanismos financieros entre las empresas españolas, es relevante el hecho de que la crisis ha alargado los períodos de pago de las empresas, abocándolas a dificultades de financiación en la medida en que pagos más tardíos por parte de las empresas deudoras (los clientes) implican exactamente el mismo retraso en los cobros para las empresas acreedoras (los proveedores).

Estos proveedores se ven así forzados a retrasar los pagos a sus propios proveedores, produciéndose una transmisión generalizada de las dificultades de pago y la disfunción del mecanismo preferente de financiación de las empresas, justamente cuando el otro mecanismo habitual, la línea de crédito, se encuentra bloqueado bien por un acceso mucho más selectivo o, cuando lo anterior logra resolverse, por un coste prohibitivo.

Las empresas orientadas hacia la venta al por menor o al consumidor final poseen una gran ventaja frente a las empresas cuyo objeto de negocio son la venta al por mayor o el suministro de bienes y servicios a otras empresas, ya que las primeras suelen cobrar al contado o, si lo hacen a crédito, la morosidad que encuentran es reducida y pueden mantener la planificación inicialmente prevista. Otra gran ventaja, combinada con la anterior, es que las primeras suelen pagar a plazos sensiblemente mayores a sus proveedores, por lo que disponen de relevantes colchones de liquidez.

En el caso de las grandes empresas de distribución, su control sobre la cadena de suministros hace que los plazos de pago a proveedores sean considerablemente superiores a los del pequeño comercio, lo que las convierte en entidades dotadas de una gran liquidez, en detrimento de sus proveedores.

En el contexto europeo, las empresas españolas son las que más utilizan el crédito comercial frente a sus clientes, según el Barómetro de Prácticas de Pago de Crédito y Caución. Hasta el extremo de que realizan estas mismas prácticas predominantes en el mercado doméstico más que las de otros países en los mercados exteriores. El 72% de las ventas en el mercado doméstico se realizan a crédito entre las empresas españolas, frente al 46% en el conjunto de Europa.

Esta mayor orientación al crédito comercial hacia sus clientes entre las empresas españolas se traduce igualmente en períodos de pago más largos y en mayor presión, en el mismo sentido, hacia los proveedores. Según el Barómetro de Crédito y Caución, el 74% de las empresas europeas tienen períodos de pago inferiores a 31 días en sus mercados domésticos, mientras que solo el 21% de las sociedades españolas afrontan estos breves plazos de pago, al tiempo que el 55% de las empresas españolas afrontan períodos de pago superiores a los 60 días, contra solo el 12% de las entidades europeas.

Cuadro 2.6 Porcentaje de ventas realizadas a crédito

Muestra: empresas entrevistadas en cada mercado que exporta productos o servicios.
Fuente: Crédito y Caución, Barómetro de Prácticas de Pago. Estudio sobre el comportamiento en pagos de las empresas europeas. Resultados de Primavera 2011.

Los ciclos de pago se han extendido considerablemente con motivo de la crisis, lo que ha obligado a establecer una legislación referida a los límites que las empresas y las administraciones deben respetar para realizar los pagos a sus proveedores, tanto a escala española como comunitaria. La legislación española (Ley 15/2010, de 5 de julio) prevé que los pagos de las empresas a sus proveedores se limiten a 75 días en 2012 y a 60 días a partir del 1 de enero de 2013, mientras que las Administraciones Públicas deberán pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 90 días en 2012 y de 20 días a partir del 1 de enero de 2013 en los contratos de obra, mientras que en los demás contratos los plazos son de 40 días en 2012 y de 30 días a partir del 1 de enero de 2013, respectivamente. Por su parte, la legislación europea contempla plazos de 30 días para los pagos de empresas y administraciones, que podrán prolongarse hasta los 60 días en el caso de estas últimas en casos justificados. Según el informe Comportamiento de pagos de las empresas españolas, de IN-FORMA, correspondiente al primer trimestre de 2012, los plazos de los pagos de empresas y administraciones se situaban muy por encima de estos límites a comienzos de 2012, con retrasos añadidos de entre el 20% y el 30% en uno y otro caso, respectivamente, y sin tendencia a reducirse; más bien todo lo contrario. Las empresas de menor tamaño, en el límite, son las que presentaban mayores demoras en los pagos aunque al estar más restringidas en su liquidez que las grandes, también se ven obligadas a respetar plazos más exigentes de pago que estas.

Cuadro 2.7 Evolución de los plazos de pagos

Fuente: INFORMA.

5. Conclusión

El tejido empresarial español se ha sumergido en la crisis con unas condiciones de escala y capacidad financiera muy características y determinantes del desempeño general de la economía. Abundan las microempresas (menos de diez trabajadores) de manera abrumadora y la financiación basada en el crédito comercial, muy por encima de lo que se practica en otros países europeos.

En estas condiciones, la creciente morosidad en los pagos de efectos comerciales, con apreciables retrasos en los períodos pactados, y el cierre de los canales de crédito convencionales impone a las empresas españolas un clima muy complicado para la gestión cotidiana de sus actividades productivas. La reducida escala impide la ejecución de las principales funciones empresariales (gestión operativa, innovación, internacionalización, etc.) de manera eficiente o suficiente, mientras que las dificultades de financiación bloquean la operación cotidiana en las condiciones, ya de por sí precarias, que impone la reducida escala.

Cuando la liquidez que proporciona un funcionamiento adecuado de los mecanismos de crédito comercial a los que se acogen normalmente las empresas españolas deja de fluir con normalidad, y el recurso a las líneas de crédito que complementan el anterior mecanismo se vuelve igualmente inaccesible, la gestión cotidiana de la empresa se ve enormemente perturbada. El empresario, más que un director financiero que la inmensa mayoría de las empresas españolas no pueden permitirse tener en plantilla, debe dedicar su limitado tiempo a afrontar el casi imposible cometido de asegurar la financiación cotidiana de las operaciones productivas en detrimento de las funciones gerenciales propiamente dichas, comerciales, de innovación, etc.

En este contexto deberían desarrollarse más ampliamente los mecanismos de compensación de pagos entre empresas y entre estas y las administraciones, incluso entre empresas, administraciones y particulares (deudas comerciales, fiscales, etc.) que, a un coste eficiente, permitiesen limitar las consecuencias negativas que la morosidad inflige a todos los agentes económicos, determinando para muchas sociedades el paso de la falta de liquidez a la insolvencia y la perpetuación de los círculos viciosos del desempleo y la morosidad.