¿Son nuestros ingenieros exportables?
junio 5, 2012Jaume Baldé Muxí es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Hasta el 2011, ha sido consejero y director general de Terasaki España S. A. En su carrera profesional ha trabajado en AEG Ibérica de Electricidad S.A. y ha desempañado cargos de dirección en INGEST S. A., Technip Iberia S.A., IPB S. A. y el grupo Banca Catalana – BIC. Ha sido profesor de Electrotecnia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, presidente de amelec (asociación de fabricantes exportadores de material eléctrico y electrónico) y vicepresidente de amec, entidad que agrupa al conjunto de empresas exportadoras españolas. Ha sido miembro del Comité Organizador de MATELEC (Feria de Madrid), del comité de redacción de la revista AmecExport y de la Junta de Representantes de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Es conferenciante y autor de artículos en medios especializados, del sector eléctrico y de economía y empresa.
La Ingeniería Industrial después del Plan Bolonia y de las Leyes Ómnibus
Hasta ahora, a todos los Ingenieros Industriales españoles, incluso a los que todavía pillamos el antiguo Plan 1.957, con 7 largos años de estudios, doctorado aparte, nos ha resultado difícil explicar a las empresas contratantes no españolas, cuál era el nivel de nuestra titulación en comparación con las existentes en sus países.
En España la cosa estaba muy clara. Cuando ibas de visita técnica o comercial y te decían: “un momento que le atenderá el Perito”, es que el tema de discusión era considerado importante, pero si te decían: “le atenderá el Ingeniero” ya era el no va más. Fuera de España era distinto, sobre todo en los países de cultura anglosajona, donde la palabra “ingeniero” en muchas ocasiones es utilizada como sinónimo de “técnico” en general y donde es habitual ver en las tarjetas de visita conceptos como “Máster”, “con honores”, etc. que no se corresponden con nuestras titulaciones.
Desde hace unos años, los diferentes planes de estudios, la proliferación de nuevas ingenierías, la actuación de los colegios profesionales, los problemas de financiación, etc. han hecho cada vez más complicado homologar la Universidad española con otras de la UE en un marco de calidad, exigencia y competitividad.
En un intento de dar solución a estos problemas y conseguir el reconocimiento en plena igualdad de condiciones de nuestros titulados, desde el curso 2010-2011 se está aplicando el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como Plan Bolonia.
Pero el Plan Bolonia, nacido en 1999, tras la firma de la Declaración de Bolonia por parte de 29 ministros de educación europeos y que pretende dar un mismo nivel a las Universidades de la UE, no goza de un unánime beneplácito, sobre todo en lo que atañe a las ingenierías. Aparentemente lo que se intenta es extender a toda la UE el modelo británico, lo que es muy complicado ya que, para empezar, su desarrollo diferirá según el país. En el Reino Unido los estudiantes entran en contacto con la ingeniería desde el primer momento, mientras que aquí lo harán tras dos cursos comunes, lo que puede ser causa de un alto índice de abandonos.
Por otro lado, el Plan Bolonia establece un Máster en Ingeniería de tipo especializado, lo que es contradictorio con la vocación generalista de los actuales Ingenieros Industriales, que actúan como gestores de la tecnología, encaminada hacia la dirección de las empresas. Además, el hecho de que se pueda alcanzar el Máster con sólo un año de estudios (las universidades que así lo decidan), puede disminuir la valoración que hoy se hace de los actuales ingenieros industriales. Quizás el nuevo plan pueda servir a algunos, pero el nivel de los estudios de ingeniería tendrá trascendencia sobre la aceptación de nuestros ingenieros y sobre el progreso tecnológico de España y, por tanto, sobre el social y económico.
Pero ¿qué es el Plan Bolonia?
Es cierto que muchos estudiantes llegan a las Escuelas de Ingeniería con una preparación insuficiente y una base muy floja de matemáticas, física y química, materias que deberían ser fundamentales para esos estudios. Además su desconocimiento de idiomas no les permite usar libros o seguir clases en inglés y, en muchos casos no hay una verdadera vocación si no un interés familiar o clasista (como decía un amigo mío: “copiar por copiar me voy a ingenieros”).
Por parte del profesorado también hay aspectos a mejorar. Muchos de los docentes estudiaron en la misma universidad en la que enseñan, carecen de experiencia empresarial, no se han movido de nuestro país y no pueden usar el inglés como lengua vehicular. Esta es una de las razones de la escasa resonancia y, en muchos casos, presencia española en organismos internacionales.
Es pues innegable que algo había que cambiar para corregir todos esos problemas que, en general y reconociendo que hay muchas excepciones, tenían a la ingeniería española relegada a una segunda división europea. Con la integración de España en el EEES se espera conseguir ese efecto homogeneizante que sitúe a nuestros universitarios al mismo nivel que los demás.
El proceso de Bolonia plantea seis objetivos fundamentales, pero con numerosos puntos débiles, lo que explica la desconfianza y las protestas que ha generado.
- Adopción de un sistema comparable de titulaciones. Sin embargo, cada país podrá establecer distinto número de cursos y cada Centro podrá crear, previa autorización, los planes de estudios como considere mejor para su entorno socio-industrial, con la intención de mejorar la “empleabilidad” de los licenciados.
- Adopción de un sistema basado en tres ciclos: un primer ciclo de carácter genérico de 3-4 años (grado), un segundo de especialización de 1-2 años (máster) y, por último el doctorado.
- Establecimiento de un sistema internacional de créditos. El crédito (25 a 30 horas de clases y trabajos) debe hacer posible la homologación a nivel europeo.
- Promoción de la movilidad estudiantil y laboral en el espacio europeo. Este objetivo parece inasumible si, por otro lado, se otorga plena libertad a los distintos centros para la creación de sus propios planes de estudios.
- Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de le educación superior.
- Promoción de una dimensión europea de la educación superior.
También se establecen nuevas metodologías docentes (en contra de las tradicionales clases magistrales), nuevos sistemas de cualificación y nuevos sistemas de financiación, uno de los grandes caballos de batalla ya que los detractores del Plan Bolonia ven en ellos un gran riesgo de privatización de la enseñanza pública.
En España los estudios de Ingeniería se desarrollarán en las Escuelas Técnicas (Grado de 4 años con atribuciones profesionales) y en las Escuelas Superiores (Grado de 4 años sin atribuciones + Máster de 2 años, o solamente los 2 años de Máster para los ya graduados). La cuestión de las atribuciones plantea otros conflictos. Es obvio que pasar primero por una Escuela Técnica da la opción de obtener, por el mismo precio dos títulos con atribuciones. En ciertos ámbitos los ingenieros, para ejercer la profesión necesitan que los Colegios Profesionales les otorguen las atribuciones correspondientes. Pero ¿qué pasará con las nuevas ingenierías que carecen de Colegio Profesional? o ¿cómo se otorgarán atribuciones a los titulados extranjeros que vengan o nuestro país, o viceversa? Está claro que no se pueden poner trabas al ejercicio de la profesión, pero no está claro como se resolverán todas estas cuestiones, sobre todo después de la aparición de las Leyes Ómnibus que afectan de lleno a los Colegios Profesionales.
Ya que he mencionado la Ley Ómnibus, digamos que pretende básicamente, eliminar las limitaciones a la libre competencia y favorecer el interés de los usuarios. Pero con ello elimina la colegiación obligatoria y el visado obligatorio de la mayoría de proyectos. Si bien los motivos aducidos son muy loables, no parece razonable dejar a los Colegios casi vacíos de contenido y en una gran precariedad económica y, al mismo tiempo dejar a los usuarios con una gran inseguridad, sin la garantía de la corrección del proyecto solicitado y de las atribuciones del ingeniero que lo ha realizado, con el riesgo de dar entrada al intrusismo profesional.
Según varios especialistas, podría ser que la Ley Ómnibus fuera inconstitucional. Mientras no se resuelva esta aspecto, algunos Colegios han resuelto sustituir su función de reconocimiento de las atribuciones profesionales por la emisión de un Certificado de Actuación Profesional (CAP) que asegura la competencia del profesional que firma el trabajo, la cobertura de responsabilidad civil profesional y la calidad del proyecto, garantizando su corrección formal y normativa.
Pero, volviendo al Plan Bolonia, el punto más conflictivo ha sido la financiación universitaria. Básicamente se plantea la diversificación de las fuentes de financiación, ya sea mediante el aumento de las tasas o mediante inversiones de empresas privadas, de forma que sean las propias Universidades y no el Estado quien soporte la mayor parte del coste de la formación superior. Con ello, quizás no se llegue a la privatización pero sí a un sistema mixto de financiación y a una posible mercantilización de la Universidad pública.
Se habla también del aumento de becas-préstamo y de préstamos-renta (préstamos públicos ligados a renta futura) en detrimento de las becas convencionales. Con ello se pretende concienciar a los estudiantes del coste de su educación, promoviendo su esfuerzo.
Los críticos al proceso de Bolonia señalan que esta reforma es fundamentalmente económica y que pone la universidad al servicio de la empresa privada, en vez de cumplir su función básica que es desarrollar y transmitir conocimiento con aplicación social.
Por una parte, que las empresas contribuyan a la financiación de la universidad quizás sea una utopía. A las empresas españolas, que ya adolecen de escasa inversión para I+D, no parece sobrarles recursos para esta nueva aplicación. Además, habría que ver qué tratamiento fiscal se les daría.
Pero por otra parte, empecinarse en mantener una posición inmovilista, con una interpretación romántica de la función social de la Universidad, cuando las empresas están denunciando desde hace mucho tiempo las dificultades en encontrar profesionales suficientemente formados y muchos de nuestros ingenieros tratan de colocarse en las muy pragmáticas multinacionales europeas y americanas, tampoco es lo más adecuado en este momento.
La tan cacareada colaboración Empresa-Universidad no debe consistir sólo en que las empresas utilicen las universidades como centros tecnológicos al servicio de sus departamentos de I+D, o como foco de sus actividades de promoción y márketing. Es también necesario que la Universidad, a cambio del soporte financiero de las empresas (¿por qué no?), se convierta en suministrador de profesionales bien formados y adaptados a las necesidades del país y de esas empresas.
Por tanto, habrá que dar un margen de confianza al Plan Bolonia y esperar un tiempo para ver cuál es el nivel de formación que los nuevos ingenieros alcanzan con los nuevos Grado y Máster y si realmente son útiles a nuestras empresas y homologables en Europa.
Artículo publicado en la revista AmecExport, en la edición de Abril de 2012.