Transparencia en las ONG

En el debate permanente sobre la financiación y la transparencia de las ONG subyace la cuestión de su función social real. Los escándalos producidos en los últimos años en relación con las actividades de determinadas organizaciones han avivado el debate ciudadano alrededor del necesario control sobre el llamado tercer sector. Creemos que a día de hoy es ya una tarea inaplazable una regulación rigurosa y clara que determine la financiación de las ONG, además de sus derechos y deberes para con la sociedad.
A pesar del trabajo indudablemente honesto de la mayoría de las ONG, diversos casos (como el de El Arca de Noé, en el que se vieron involucrados algunos altos cargos de la Administración francesa, además de algunos cooperantes españoles) en los últimos tiempos han puesto en cuestión al mundo de las organizaciones filantrópicas. Los casos, todavía no cerrados, de Anesvad y de la fundación Intervida han revelado lo que parece apropiación indebida de fondos por parte de algunos dirigentes y la desviación de recursos “solidarios” a inversiones en el sector financiero o de la construcción.
Más recientemente, la liberación de los cooperantes catalanes secuestrados por la rama magrebí de Al-Qaeda ha provocado un agrio e intenso debate en torno a la función de la llamada cooperación y de algunas de sus expresiones en países con evidentes problemas de seguridad interna. La supuesta intervención del Gobierno español en la liberación de los secuestrados generó importantes tensiones a nivel internacional, empezando por la relación con el Gobierno francés, cuya política con respecto a otros secuestros de este mismo tipo ha sido de un signo diametralmente opuesto.
Un denominador común del debate relacionado con todos estos casos es la insuficiente información que en general el tercer sector proyecta sobre sus actividades y sobre su financiación. Esta falta de transparencia contrasta con sus campañas de publicidad, que inundan los medios de comunicación y los espacios públicos en ciudades y pueblos. De entrada, constatamos que se observa una contradicción entre la omnipresencia de las ONG, que se erigen en la solución mágica para cualquier problemática social (en especial cuando suceden grandes catástrofes naturales o sociales), y su dimisión del espacio comunicativo público cuando de lo que se trata es de explicar su actividad y el uso explícito de los fondos recaudados. Siempre, puntualizamos, que hay que hacer las inevitables excepciones y que tampoco presuponemos de manera automática que la falta de transparencia sea un signo inequívoco de mala fe o conductas delictivas.
Existen hoy en día mecanismos para facilitar la transparencia que pedimos, en la que, precisamente, la inmensa mayoría de estas organizaciones son las principales interesadas. Sin ir más lejos, el Código de conducta de las ONG dedicadas al desarrollo, integradas en la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo), establece que las entidades con ingresos superiores a 300.000 euros deben llevar a cabo auditorias económicas externas anuales. Además la legislación vigente obliga a todas las organizaciones que reciben subvenciones de alguna administración pública a justificar las mismas y a someterse a auditorías, como ocurre con cualquier otro agente social. Nos congratulamos, por supuesto, de estos protocolos y códigos de conducta.
Una forma sencilla y clara de transparencia, al alcance de todos los bolsillos, puede ser también, por ejemplo, publicar detalladamente y al día los ingresos y gastos en la página web de cada organización, de manera que cualquier persona de dentro o de fuera de ella pueda comprobar con qué fondos cuenta, de dónde vienen, qué cobra cada directivo y trabajador (y en función de qué trabajo), cómo gastan sus directivos los fondos de las ONG (si, por ejemplo, cuando viajan lo hacen utilizando los medios más adecuados a la austeridad que se supone) y un largo etcétera de particularidades que tienen derecho a conocer todas las personas que ayuden o tengan intención de ayudar a la entidad o entidades de las que requieren una información de forma rápida, cómoda y fácilmente proporcionable por los interesados.
El problema de la transparencia o de la opacidad en el tercer sector es, en suma, una faceta más de la cuestión básica de su función y desempeño reales. No parece aceptable que si, según datos de 2006, el 52,8% de los ingresos de las entidades del tercer sector proceden de subvenciones públicas, el 51,9% de sus gastos vaya destinado a gastos de estructura, es decir, a gastos de personal y de infraestructura. Estos datos indican que gran parte del dinero que las administraciones públicas dan a las ONG para que éstas lo dediquen a la solidaridad, al desarrollo social y cultural y a la paz, acaba gastándose en la reproducción de estas organizaciones, lo que refuerza la idea de que las ONG pueden acabar siendo para muchos de sus integrantes un medio de vida como cualquier otro.
La profesionalización del tercer sector es una tendencia imparable. Su desarrollo implica que esta actividad social está adquiriendo una influencia creciente como grupo de presión en la definición de políticas en distintos ámbitos. Paralelamente, la entrada de las ONG en determinados campos de actividad económica, preferentemente en el llamado sector social, con la consiguiente competencia respecto a la empresa privada y al sector público, hacen necesario un debate sobre la función y alcance de estas organizaciones en el entramado social. Mucho tendrá que hablarse de todo ello, así como de su nueva orientación empresarial, para que el tercer sector deje de aprovecharse de la indefinición acerca de sus funciones y su actividad, así como su condición de organizaciones sin afán de lucro, y se ciña al ámbito que por definición le corresponde.