¿ESTAMOS PERDIENDO EL TREN DE LA INVESTIGACIÓN?

Nuestros investigadores se forman en un contexto deficiente; provienen de una educación primaria y secundaria muy mejorables, no está claro en absoluto que reciban una formación universitaria básica y no se les especializa convenientemente. El Estado y la mayoría de comunidades autónomas han abdicado de su insoslayable obligación de impulsar vigorosamente esta palanca básica de nuestra economía.

1.
Por fortuna, la actividad investigadora es en gran parte vocacional, pero las personas que se dedican a ella deben ser compensadas mínimamente por su esfuerzo hasta que obtengan resultados prácticos o reconocimiento en la comunidad científica por sus investigaciones. La retribución económica es muy deficiente.
Se conceden 350 ayudas Juan de la Cierva, el sueldo mínimo bruto que se percibe es de 25.050 € al año. Se conceden también 250 ayudas Ramón y Cajal, y el sueldo mínimo que cobra un investigador gracias a esta ayuda (también después de pasar un complejo proceso de selección) es de 33.250 € al año.
El sueldo mínimo previsto suele coincidir con el sueldo total, ya que los centros de investigación tienen pocos recursos para destinar al personal y pocas subvenciones a las que acceder para financiar a investigadores ya becados (y no entramos a considerar que las condiciones materiales en que realizan su trabajo son, en muchos casos, pésimas)
Sin ánimo de querer minimizar la labor de los profesores de la enseñanza secundaria —pieza clave de nuestro sistema educativo y la mejor palanca para impulsar la economía del conocimiento— podemos afirmar que aproximadamente un profesor novel, sin trienios ni sexenios, cobra unos 32.000 € brutos al año.
Es decir, doctores ya consagrados, con las mejores referencias estatales y a veces mundiales en su campo, son considerados desde el punto de vista económico o retributivo más o menos como un profesor de secundaria. Contamos con millares de profesores de secundaria, pero, si sumamos las dos ayudas mencionadas, solamente tenemos 600 investigadores de élite.
Así pues, ésta que acabamos de reflejar es, en cuanto a consideración laboral, la importancia que tiene la investigación y la economía del conocimiento para los miembros del Gobierno y para las timidísimas voces de la oposición que, en este ámbito, se alzan en contra.

2.
No se valora el impacto real de la investigación ni se favorece la competitividad, salvo en algunas loables excepciones en centros mixtos públicos. El marco en el que se inscribe el trabajo de nuestros investigadores no es el adecuado en lo que se refiere a los criterios de eficiencia. Hay dos razones de peso para dudar de ello:

a) El criterio dominante en la evaluación de la eficiencia investigadora es la publicación de artículos, independientemente del impacto de estos escritos en la ciencia aplicada, la economía o la sociedad. El resultado de esta forma de valoración es evidente: somos la novena potencia mundial en publicación de artículos, pero estamos a la cola de los países avanzados de Occidente en el registro de patentes.

b) El proyecto de ley de los presupuestos del año 2011 contempla una disminución de los recursos dedicados a la investigación del 8,37 % respecto al año anterior. En el actual contexto de crisis este hecho puede ser, hasta cierto punto, comprensible. Ahora bien, lo que no lo es de ninguna manera es que las subvenciones a proyectos competitivos, evaluables con criterios objetivos y en los que cada centro ha de esforzarse por ser el mejor, hayan disminuido un 13,9 %. Tampoco lo es que la partida de las subvenciones nominativas —aquellas que van destinadas a centros porque sí, sin que haya competencia objetiva y transparente para asignar los recursos— haya aumentado un 71,02 %

3.
Además, podemos constatar tres hechos que determinan en gran parte la poca calidad de nuestro sistema público de investigación y que en el futuro lastrarán su desarrollo, si no les ponemos remedio:

a) España ocupa el tercer lugar por la cola en Europa en el nivel de los estudios de secundaria. Al final de ésta, la selectividad se convierte en una gran mentira en la que se aprueba a más del 90 % de los estudiantes.

b) En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, España es prácticamente el único país de Europa que ha adoptado una estructura de los estudios universitarios 4 + 1. Es decir, 4 años para el título de grado (equivalente a las anteriores diplomaturas o ingenierías técnicas) y un año adicional para hacer un máster (equivalente a las anteriores licenciaturas o ingenierías). La mayoría de países han optado por un sistema 3 + 2. Lo que supone disponer de dos años para especializar a los estudiantes en lugar de uno. Sin especialización no hay profundización en el conocimiento, y sin esta profundización no puede haber generación de nuevas ideas.

c) Muchas universidades españolas tienden a “dar el mayor número de títulos con el mínimo esfuerzo posible”. Esto, por desgracia, es una consecuencia de la presión de una gran parte de los alumnos actuales, que van a por el título en lugar de ir a aprender.

Se trata de una actitud comprensible después de haber pasado por una secundaria en la que también se valora más el acabarla que los conocimientos que se adquieren en ella. Por suerte, no todos los profesores ni todos los alumnos participan de esta manera de pensar.
Por eso creemos que es necesario establecer universidades de referencia, para que la tipología del alumnado que acuda a ellas sea la del que quiere formarse bien y no la del que sólo aspira a un título académico. Pero constatamos que muchas universidades españolas renuncian a la posibilidad de constituirse en referencia y optan por repartir masivamente títulos-basura.
Este hecho se agrava porque en general no existe un control de calidad real en la enseñanza universitaria. En los países más avanzados esto no ocurre. Por ejemplo, en EE. UU., no basta con tener un título. Las asociaciones profesionales evalúan el aprendizaje y autorizan el ejercicio al profesional salido de la universidad. Las universidades se esfuerzan por cumplir estos requerimientos, con lo que resulta que hay universidades mejores que otras y, por tanto, tienen más demanda por parte de los estudiantes. Aquí, en cambio, el único criterio que cuenta para dotar económicamente a una universidad es el número de los alumnos en lugar de la calidad de la enseñanza que se les imparte.

Concluimos que la situación de la investigación y la educación superior es extraordinariamente grave, y que la gestión de nuestra capacidad tecnológica por parte del Estado es muy deficiente. El cambio de rumbo es urgente y debe ser profundo. Las personas que han gestionado estos asuntos en lo que llevamos de legislatura deben dimitir o deben ser destituidas, por no haber satisfecho, ni de lejos, las expectativas depositadas en ellas. El Estado español, Gobierno central y Comunidades Autónomas, tienen que ponerse las pilas, y la sociedad debe mentalizarse de que no tendremos futuro económico sin un sistema de investigación bien dotado y administrado por personas competentes y motivadas.