Los colegios profesionales ante la Ley Ómnibus. La libre competencia

DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS DE LA UNIÓN EUROPEA, el Gobierno español ha realizado una transposición que se ha traducido en el proyecto de la llamada Ley Ómnibus, aprobado en el Consejo de Ministros del 12 de junio, en el que se trata de la situación de los colegios profesionales, y que pasará a trámite en el Congreso de Diputados. Si miramos un poco atrás, resulta que a finales del 2008 la Comisión Nacional de la Competencia elaboró un informe bastante desfavorable sobre las corporaciones de derecho público que son los colegios profesionales, acusándolos de practicar un proteccionismo excesivo hacia las profesiones. A partir de esta premisa se ha elaborado la mencionada ley, sobre la cual los colegios catalanes expresamos nuestra disconformidad el pasado mes de julio en un manifiesto firmado por más de noventa colegios. Dada la proximidad de la tramitación parlamentaria, los medios de comunicación juegan su papel. Principalmente desde algunos medios próximos al Gobierno central, y también desde otros no tan próximos geográficamente pero sí en intereses, se está atizando el fuego contra nosotros. No nos viene de nuevo, siempre ha habido quien nos ha cuestionado, siempre ha habido y habrá personas que apuestan por la liberalización extrema. Hay que respetar su opinión, como la de todo el mundo, pero sin olvidar a dónde nos ha abocado, por ejemplo, la escasa regulación de los sistemas financieros.

ASÍ PUES, LA LEY ÓMNIBUS SERÍA como si una tienda que cuenta con una clientela fiel de hace años tiene un rótulo luminoso que sobresale demasiado y le dicen que está haciendo competencia desleal al resto de establecimientos de la calle, pero que la solución propuesta no sea cambiar el rótulo por otro, sino abrir una zanja ante la tienda para que no entre nadie más. Dicho de otra forma, el proyecto de ley trasciende los principios y objetivos de la directiva europea y puede comprometer gravemente la continuidad de los colegios.

QUIEREN TERMINAR CON LAS SUPUESTAS RESTRICCIONES profesionales y pueden terminar con la función social de los colegios, dejándolos como simples figuras decorativas –también hay que añadir que la ley invade competencias de la Generalitat de Catalunya–. No disponemos de los datos catalanes, pero en el ámbito estatal el número de colegiados ronda en torno al millón de profesionales, lo que supone un 6,1 por ciento de la ocupación total y representa un 8,8 por ciento del PIB. Eso sin contar los miles de empleados que trabajan en el conjunto de los colegios. Al fin y al cabo es un motor de la economía que no se puede desregular de manera tan displicente.

DIGAMOS DE ENTRADA QUE LA MAYORÍA DE COLEGIOS de Cataluña somos conscientes de que debemos modernizarnos –como casi todo el mundo– y que estamos dispuestos a invertir recursos, como de hecho ya estamos haciendo. Por lo tanto, en ningún caso queremos encerrarnos en defensas numantinas y corporativistas. Ahora bien, de eso a aceptar el estado de opinión que parece que se está extendiendo en nuestra contra hay un buen trecho. Por ejemplo, en el caso de los colegios que visamos proyectos técnicos, queremos afirmar, pese a lo que diga la Ley Ómnibus, que los visados no constituyen obstáculo alguno a la competitividad, bien al contrario, nos reafirmamos en la necesidad del visado como una garantía para el cliente y para la sociedad en general. ¿Alguien cree que un visado –y en este caso hablo de nuestro colegio– que puede oscilar entre los cien y los mil euros puede influir negativamente en la competitividad de un proyecto que cuesta, entre realizarlo y ejecutarlo, tirando por lo bajo entre 300 y 1.000 veces más, y que puede representar, como media, un 0,1 por ciento del coste total? Decir que sí es hacer demagogia ¿Le gustaría a alguno de los ministros que ha aprobado la ley que cuando fuera a hacer deporte a un club deportivo se declarara un incendio y el proyecto de instalaciones –que hasta ahora se debe visar– lo hubiera realizado una persona que no tuviera ni la titulación ni los conocimientos idóneos, y que en vez de los rociadores de agua automáticos se activara la calefacción?

ASÍ PUES, NOSOTROS APOSTAMOS por consolidar unos colegios fuertes y modernos, que sean un lugar de encuentro, de formación e información para los profesionales, y a su vez una garantía para la ciudadanía a la hora de confiar en los profesionales. Tanto la Comisión como el Parlamento europeos reconocen que las características del sector de los servicios profesionales justifican la existencia de una regulación. Estamos convencidos de que, sobre todo en determinadas profesiones, la obligatoriedad de la colegiación va unida al buen servicio que los profesionales tienen que ofrecer.

LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y EN LAS INSTALACIONES industriales, el derecho a la buena asistencia sanitaria o a una defensa jurídica efectiva son caras de una misma moneda que los colegios deben poder ayudar a garantizar. Y precisamente en los momentos actuales, en que la economía y la sociedad reclaman grandes dosis de confianza, es cuando esta garantía adquiere una dimensión más importante todavía.