En la parte que se refiere a Internet, tenemos la ventaja en Catalunya de tener un Nodo Neutro, como es Catnix, aunque cabría pensar que sólo es un punto neutro de transferencia y de interconexión de los datos de los diferentes operadores. Los datos vienen también marcados por el resto de transferencias, que podrían quedar excluidas en caso de declaración unilateral de independencia, y con desconexiones efectivas por parte de terceros y de los gobiernos afectados.
Las redes de telefonía, de cable óptico y los centros de telecomunicación son en su inmensa mayoría de propiedad privada. ¿La posible independencia facilitaría o entorpecería su desarrollo? ¿Habría que crear una empresa pública, con la pérdida de competitividad que esto suele acarrear, o no sería necesario ya que los mismos operadores seguirán prestando el servicio con normalidad? M.O.: Como comentaba en la pregunta anterior, si el marco legal y competencial de las comunicaciones electrónicas se pudiera realizar bajo el principio de continuidad, esto permitiría que los operadores privados siguieran con su servicio a las empresas y a la sociedad en general. Creo que en base a la imagen de la marca y al negocio que conlleva la prestación de servicio a todo el territorio, las empresas privadas se adaptarían al nuevo entorno.
Adicionalmente, Cataluña dispone de un operador de telecomunicaciones público (Xarxa Oberta), que conecta todas sedes corporativas de la Generalitat y un gran número de centros educativos por todo el territorio, que podría ampliar sus capacidades de conexión y provisión de servicios.
Las directivas de la U.E. no favorecen las inversiones en servicios de comunicaciones electrónicas debido a su estrategia de liberalización.
J.M.: Creo que en este punto hay que ir por partes:
- Las redes móviles de telefonía son de operadores privados autorizados por el gobierno español, para utilizar unas bandas de frecuencia determinadas en régimen concesional durante un periodo determinado (Telefónica, Orange, Vodafone y Yoigo). La emisión, como se ha comentado, es a través de radiofrecuencias concedidas por el Estado español, pudiendo conllevar tecnologías móviles que permiten la conexión mediante protocolo IP. Aquí cabría pensar que si las licencias son para todo el Estado y una parte de él desoye la legalidad, el Gobierno pueda intervenir dichas licencias y utilizarlas con otros fines o volver a realizar nuevos concursos por uso fraudulento de la frecuencia. Por ello, los operadores obedecerán las directrices que les llegarán de quien en todo momento ha sido su adjudicatario.
- Los operadores móviles que operan con la red fija (voz, datos e Internet), como por ejemplo Jazztel o Eurona, también trabajan con concesiones del Ministerio de Industria, o mediante la aprobación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de su comunicación de Operador para un servicio determinado. Por lo tanto, posiblemente, escuchen las “sugerencias” del Estado español si quieren seguir prestando el servicio.
- Para la salida a Internet existen varios puertos ESNIC, y Catalunya tiene uno, CatNix, el cual tiene dependencias del resto de puntos neutros jerárquicamente superiores, y que muchos de ellos dependen también del Ministerio de Industria.
- Por último, Abertis es la empresa concesionaria mayoritaria para la radiodifusión de contenidos multimedia (TV y Radio) a nivel estatal. Tienen dicha concesión por parte del Ministerio y por acuerdos con los operadores de contenidos, que tienen la concesión de cada frecuencia, canal o múltiplex.
- En Catalunya existe la Xarxa Oberta de Catalunya, que es la red de fibra óptica que la Generalitat recompró a la extinta Al-Pi (actualmente Orange Catalunya); hoy esta red está gestionada por Mediapro para servicios de transporte y distribución entre ciudades.
Por todo ello, podemos concluir que una declaración unilateral de independencia, traería serios problemas a las telecomunicaciones catalanas, al menos durante los primeros años.
En cuanto a la conexión a internet, ¿una falta de definición jurídica (reconocimiento internacional, permanencia o no en la UE) podría incidir en una falta de seguridad y en una desprotección de las empresas y los particulares? ¿O podría mejorarse ésta con el ejercicio de un poder independiente? En cuanto a la gestión de la red y al coste para los usuarios, ¿supondría una mejora o un empeoramiento? ¿En este caso pertenecer a ámbitos más amplios territorialmente es positivo o negativo?
J.M.: Como he comentado, existe la nueva Ley General de Telecomunicaciones del 9 de Mayo (Ley 9/2014) que recentraliza todas las acciones y sectores, eliminando competencias municipales y autonómicas.
Dicha Ley General es por la que se rige el Sector de las Telecomunicaciones españolas y se desarrollará mediante Reales Decretos Ley o Decretos más concretos, como han sido los casos del plan Técnico Nacional de la TDT, entre otros.
En el supuesto de que Catalunya se independizara, sería preciso llegar a un acuerdo amigable con el Estado español para hacer un traspaso de competencias y hallar un nuevo marco jurídico para Catalunya. En los primeros meses de independencia, los operadores privados —con permiso del Estado español— deberían seguir prestando servicios de telecomunicaciones para evitar un colapso de las mismas.
Recordemos que la licencia de operador de telecomunicaciones los concede, tras una comunicación previa de la empresa que desee prestar servicios de telecomunicaciones, a la actual CNMC (Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia) para dar servicios a todo el Estado español o parte de él, según las concesiones de las licencias.
Si ,a pesar de todo, Catalunya persistiera en el empeño secesionista, el CTTI — empresa pública de la Generalitat— o la Direcció General de Telecomunicacions, o quien el Govern estime oportuno, debería solicitar la adhesión de Catalunya a la UIP (Unión Internacional de Telecomunicaciones), y pedir la atribución de bandas de frecuencia, sub-bandas, canales y los circuitos radioeléctricos correspondientes. Un largo proceso. Y en el ínterin ¿qué sucedería con las TIC catalanas?…
Así las cosas, o la Generalitat negocia todos estos temas con el Estado central, o haría bien en quedarse donde está; es decir, formando parte de España, aunque sea en un Estado Federal…
M.O.: La comunicaciones telefónicas funcionan en función de que lo hagan los operadores, y éstos siguen las regulaciones internacionales que marca la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sin que la Generalitat tenga competencias sobre telefonía, pero tampoco el Estado tiene potestad para que los teléfonos dejen de funcionar.
Aparte de lo comentado en anteriores respuestas, los operadores de Internet, mayoritariamente privados, se intercambian la información de las diferentes redes en los nudos de comunicaciones, puertas de salida hacia Internet. Los más importantes a nivel global, lo hacen a través de Hispanix, situado en Madrid.
La Generalitat cuenta con el nudo de comunicaciones neutro Catnix, situado en Barcelona, quien soporta parte del tráfico origen y destinación Cataluña, el cual habría que redimensionar para soportar los requerimientos adicionales de tráfico.
Como los nudos de comunicación se conectan a Internet sin ninguna jerarquía, y la mayoría son de empresas privadas con sus propios Centros de Gestión, aunque alguno de ellos dejara de funcionar por sabotaje, Cataluña continuaría conectada a Internet, tal vez con mayor lentitud o con algún colapso puntual.
En un entorno de desacuerdo y conflicto, se producirían los mismos riesgos que con las redes de telefonía, pero al existir una mayor diversificación de operadores y proveedores de fibra óptica, y adicionalmente con la red propia de la Generalitat, es de suponer que habría salida a Internet.
En cuanto a los temas de gestión de todas las infraestructuras, no se adivinan problemas por temas de experiencia y talento, pues se puede contar con suficientes técnicos propios en Cataluña.
La dimensión del territorio podría ser un obstáculo en los momentos iniciales pues habría que acometer inversiones importantes, que estarían en conflicto de prioridades con otros asuntos a acometer.
¿Cómo valoran el hecho de que la Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones que se destinó a Barcelona esté ahora en trámites de deslocalización? ¿Las posibles deslocalizaciones en el caso de independencia podrían afectar a empresas del sector radicadas en Cataluña?
M.O.: La medida de concentrar ocho organismos reguladores en un solo por parte del Gobierno central provoca que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) pierda autonomía en Barcelona; con independencia que se pueda conseguir una mayor coordinación entre organismos centrales, creo que representa un freno al intento de comenzar una política, similar a la alemana, de descentralización de organismos reguladores como forma de evitar la concentración excesiva de poder económico y de cohesionar el territorio.
Para Cataluña se pierde una facilidad para capitalizar el desarrollo económico que la sede podía representar, como dinamizador de las muchas pymes y start-ups tecnológicas del sector TIC.
Si bien ya se han producido manifestaciones de directivos de empresas, en el sentido de trasladar sus centros de decisión fuera de Cataluña en el caso de una independencia no acordada, parece probable que pasada la primera etapa de separación se impusiera la lógica de los negocios empresariales más que la posición personal política de los directivos actuales.
J.M.: La Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), nunca se ha deslocalizado; lo que ha sucedido es que se ha integrado dentro de la CNMC (Comisión Nacional para el Mercado de la Competencia) con sede en Madrid, pero sigue teniendo la parte de Telecomunicaciones del regulador único en Barcelona. Desde esta sede es donde todos los cuerpos y sub-cuerpos administrativos están regulando este sector, con plena coordinación entre todos los mercados y con las consignas de un mismo presidente y una vicepresidenta.
De la misma manera, la Generalitat de Catalunya no ha tenido nunca una Ley de Telecomunicaciones propia, ni un desarrollo del mercado apostando por un operador integral de Telecomunicaciones que pudiera dar servicios en todas las vertientes, con una sede social en Catalunya, con red propia y con los servicios generales aquí. Por ello, sigo entendiendo que este sector no es, para nada, estratégico para el Govern actual ni para los anteriores, que nunca lo han visto fundamental en el hipotético caso de constituirse un estado semidependiente (estado federal) o independiente (estado propio). Ello, lleva a una reflexión que es clara: el ciudadano puede tener problemas, ya que los Governs siempre han sido miopes respecto a las posibilidades futuras con un sector que es estratégico, pero sin priorizar.
Respecto de si esto podría afectar a las empresas catalanas, depende de otros factores, no de que esté aquí la CNMC o no.
Pasemos ahora al sector específico de la Informática. ¿Esta misma situación podría darse en las empresas de este ámbito concreto? ¿Las empresas catalanas que facturan para el mercado español podrían verse afectadas por una posible pérdida de mercado?
M.O.: Lo que he comentado para el sector de las Telecomunicaciones, en cuanto a posibles deslocalizaciones, sirve para el sector de la Informática, si bien el peso de los temas de inversión en infraestructuras para los servicios son mucho menores; pues salvo centros de proceso de datos y respaldo, de los cuales la Generalitat ya dispone, los temas fundamentales residen en la capacitación técnica de los profesionales de las TIC, que en el caso catalán han dado pruebas suficientes de ser totalmente competitivos, tanto a nivel nacional como internacional.
Para decidir sobre su futuro, quedaría revisar las participaciones en los centros de investigación y de transferencia tecnológica que tienen las diversas instituciones locales y estatales.
Hoy en día muchas empresas catalanas del sector TIC ya basan una parte muy importante de sus ingresos en proyectos internacionales, con lo que en caso de cancelación de contratos en el mercado español las obligaría a acentuar la requerida extensión de la internacionalización.
Un tema a tener en cuenta a medio y largo plazo, independientemente de una posible pérdida de mercado español, considerando las futuras grandes necesidades de técnicos en TIC, creo que es la escasa vocación por los estudios técnicos/ científicos entre la población femenina, que afectan a la oferta de puestos profesionales del entorno TIC.
J.M.: Las empresas privadas obedecen las directrices del organismo que les ha dado las concesiones y licencias. No se entiende que ahora venga un tercero a poner reglas nuevas, cuando la concesión es legal y libremente aceptada. ¿Habría problemas de servicios?; las formas y el fondo es algo muy importante en este punto.
Por ello, todos los usuarios, tanto si son usuarios finales como intermediarios de servicios, deberían entender que los operadores lo que quieren es claridad de opinión, legislación y regulación, exactamente tal como se ha regido siempre nuestro sector. Hacerlo de otra forma y con regulaciones forzadas mediante personas que no saben las consecuencias de una mala regulación y legislación, nos podrían llevar al caos en este tipo de servicios.
Las entidades bancarias, la Bolsa y todas las administraciones locales y la misma Generalitat, con 30.000 PCs y servidores, dependen totalmente de las TIC, por lo que una decisión unilateral de tal trascendencia podría ocasionar un caos de información de proporciones dramáticas.
En su afán de crear “infraestructuras de Estado”, Catalunya dispone de XFOCAT, red de fibra óptica que pretende unir todos los municipios de Catalunya, y está en proceso de instalación. También dispone de CATNIX, como punto de intercambio de datos en Internet; finalmente, dispone de RESCAT para las comunicaciones de servicios de emergencia. Todos estos servicios podrían tener problemas inicialmente, si el Estado español tomara represalias ante una actitud hostil independentista…
Como ya está pasando actualmente con otros productos industriales y alimentarios, y como puede pasar en el futuro, las empresas catalanas que producen servicios, sistemas, etc. podrían sufrir graves pérdidas en el mercado español, por un previsible boicot a los productos y servicios que vinieran de una parte segregada de España. El mercado natural de los productos catalanes podría volverse más cerrado y con menos posibilidades de acceder, en caso de que no se expliquen muy bien las cosas, como está sucediendo en la actualidad. Respecto a las exportaciones, también éstas sufrirían por tener que pagar aranceles en sus exportaciones a la UE.
¿Concretando más todavía, la nueva situación política podría afectar al desarrollo del 22@ de Barcelona? ¿Cómo podría incidir, en positivo o en negativo, en las empresas de software y en el desarrollo de la economía del conocimiento catalana?
J.M.: El distrito 22@ fue una buena idea; aunque, en la actualidad ha perdido el concepto de distrito tecnológico. Hoy el 22@ no es un proyecto referente ni tractor para el nuevo alcalde y para su nuevo equipo, ya que han diluido esa operación para convertir a toda la ciudad en un polo de atracción tecnológico. Tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, debido a que el 22@ tenía ya una marca bien estructurada. Ahora, que Barcelona entera lo quiera ser, necesitará su tiempo para posicionar la marca y la atracción. Unos de los conceptos que se está agarrando el nuevo equipo consistorial es a la idea de Ciudad Inteligente, aunque eso llevará tiempo para que así sea. Además, la marca es fácilmente copiable por otras ciudades, por lo que desposicionará a Barcelona en cuanto a centro de captación.
En lo que hace referencia a la economía del conocimiento catalana, hay que reconocer que durante muchos años ha estado a la vanguardia de España. Pero una hipotética independencia haría que este tipo de inversiones, e incluso de recursos humanos, se desplazaran a Madrid o a otras capitales españolas. De hecho, en el primer semestre de 2014, las inversiones extranjeras en Catalunya han caído a 235 millones de euros, mientras que en Madrid se han elevado a 1.403 millones, seis veces más. Y esta es la tendencia que se observa en los últimos años, desde que en Catalunya se habla del “proceso independentista”…
M.O.: El proyecto 22@ está siendo un éxito, a pesar de la crisis inmobiliaria de los últimos años, y es de esperar que los siga siendo con independencia de quien gobierne en el país y en la ciudad; para así continuar la renovación del antiguo barrio industrial del Poble Nou con la coexistencia de universidades, empresas y viviendas en un entorno sostenible e innovador, que facilite la instalación tanto de delegaciones comerciales y centros de investigación de empresas multinacionales como de nuevas pequeñas empresas de los diferentes ámbitos de las TIC.
Referente a las empresas que se dedican al hardware, ¿se notaría a corto, a medio y largo plazo, la nueva situación política en sus posibilidades de crecimiento? ¿Las multinacionales del sector informático y electrónico seguirían teniendo interés en establecerse en Cataluña?
M.O.: El sector del hardware en Cataluña no tiene un peso específico muy relevante, y se centra sobre todo en el diseño y fabricación de componentes electrónicos que posteriormente se integran en componentes y productos finales. Una oportunidad de futuro para estas medianas y pequeñas empresas electrónicas es que el concepto del Internet de las Cosas Internet of Things (IoT) adquiera el protagonismo que se anuncia, y sobre todo dirigido a la modernización de nuestras industrias manufactureras.
Un cambio en la configuración política del país no creo que fuera relevante, pasado el tiempo de indefinición de la transición, para los procesos de evaluación y decisión de establecimiento de las multinacionales, que aplicarían los mismos criterios empresariales que en cualquier otra situación de implantación fuera de su país.
J.M.: Efectivamente, en Catalunya el segmento del hard es mínimo, casi reducido a la impresionante planta de HP en Cerdanyola del Vallès. Pero recordemos que esta planta está pensada casi exclusivamente para la exportación. Por tanto, si HP sigue recibiendo ayudas y subvenciones, permanecerá en Barcelona; si estas ayudas desaparecen o sufre un incremento en sus impuestos, no tenga dudas de que se deslocalizará…
Referente a las empresas del sector electrónico e informático, una hipotética independencia de Catalunya, las motivará a deslocalizarse a otras regiones españolas, a fin de no perder ni el mercado español ni el de la Unión Europea. La fábrica puede estar en Catalunya, pero la sede central se podría desplazar a otras ubicaciones. Esto ha sucedido en el último año, en el que al menos 60 empresas catalanas, han trasladado su sede central a Madrid, donde imagino que pagarán sus impuestos…
Y en cuanto a los apoyos o permanencia en grandes organizaciones internacionales, europeas o de ámbitos mayores, ¿los emprendedores catalanes del sector perderían o podrían ganar nuevas oportunidades de negocio?
M.O.: Creo que si las nuevas políticas del gobierno favorecieran el fomento de las actividades de los emprendedores en la constitución, y la gestión e internalización de sus empresas supusieran una mejora sobre la legislación actual, no sólo no tendrían que perder oportunidades de negocio sino que se les abrirían nuevas posibilidades.
J.M.: Catalunya no atrae a multinacionales, pero sí Barcelona. Catalunya no tiene marca para ello y, en caso de ser un Estado independiente, seguiría siendo Barcelona, como capital, la que concentraría las escasas inversiones extranjeras de grandes multinacionales, en detrimento del resto de Catalunya.
Es evidente que perderían. Lo han comentado diarios económicos del mayor prestigio internacional, y también el embajador de Estados Unidos. El hecho de salir de la UE y otras organizaciones internacionales, dejaría aislada a Catalunya; las inversiones extranjeras se reducirían al mínimo y sólo algunas pymes, cuyo mercado se circunscribe al ámbito catalán, permanecerán aquí.
Obviamente, el talento, la laboriosidad y el espíritu emprendedor de los catalanes haría que en unos cuantos años, Catalunya recuperara su prestigio y sus contactos internacionales. Pero el fantasma de la deuda y los impagos seguiría ahí amenazadoramente…
¿Hay aspectos relevantes de la cuestión que nos hayamos dejado o que les gustaría exponer? ¿O pueden resumirnos su punto de vista general sobre esta problemática?
J.M: El proceso secesionista que ha emprendido la Generalitat, acuciada por ERC, nos está llevando a un callejón sin salida, creando una situación de confrontación entre catalanes, mientras se descuida gobernar y solucionar los problemas “reales”, económicos y sociales de los ciudadanos de Catalunya.
No se puede seguir perjudicando las relaciones con los clientes y proveedores de las empresas catalanas, las fuentes financieras, inversiones y socios del resto de España y del extranjero, que ven con estupor y preocupación la deriva secesionista.
La separación del resto de España perjudicaría a todos, catalanes y españoles y nos sacaría de la UE y demás instituciones internacionales. La segregación significa prescindir de las ayudas europeas, el tratado de Schengen, los fondos de Cohesión, Estructurales y de Medio Ambiente y de Desarrollo Regional. Supondría, además, la supresión de libre circulación de personas, mercancías y capitales. Y, por último, lo ya repetido en esta entrevista: el colapso económico por pérdida de mercados, pérdida de financiación, fuga de capitales, deslocalización de empresas catalanas e internacionales, y un aumento de la presión fiscal y del paro. Cuando escribo esto, leo en la prensa que nuestro joven campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, anuncia que traslada su sede fiscal a Andorra con objeto de pagar menos impuestos. Con la oleada de nuevos impuestos que nos vendría ante una eventual secesión, ¿no se repetiría esto en el caso de muchos empresarios y grandes fortunas?…
Hace ya cinco años que lo vengo diciendo (y escribiendo en mis “tribunas de opinión”), no porque se lo haya copiado ahora al PSOE: la solución de España está en transformarla en un Estado Federal, con sólo 6/7estados, no con 17 pequeños y “cabreados”. Cada uno de los cuales tendría mucha autonomía, pero que aportaría algo así como el 4% de su PIB al Estado Central (no el 7,8% como ahora aporta Catalunya). Esto serviría para satisfacer las ansias de “autonomía” de muchos que hoy se dicen independentistas, mejoraría nuestra financiación, y nos permitiría seguir unidos y fuertes en el contexto internacional, bajo una misma nación.
Me cuesta creer que la secesión de España sea una muestra del tradicional “seny” catalán…
M.O.: Dada la importancia básica y criticidad del uso de las TICs en la mayoría de los servicios cotidianos, para la población y para las empresas, sería más que deseable que cualquier traspaso de competencias en éste ámbito se hiciera al menos con unos mínimos acuerdos entre los gobiernos involucrados, que no sólo garantizara un nivel aceptable de continuidad sino que redujeran los probables incidentes físicos y lógicos que pudieran dar lugar a situaciones de apagón digital.